Han pasado diez años desde los ataques del 11 de septiembre y su resultado son guerras sin fin (Irak, Afganistán, Pakistán, Libia, Yemen, Somalia, entre otras), junto con más poder del Ejecutivo.
La respuesta de EE.UU. al ataque del 11-S al calificarlo de "acto de guerra" y no criminal cambió el panorama interno y externo, con lo cual el gobierno asumió poderes mucho más extensos de los que tenía para perseguir y detener a gente en el extranjero como también promover el espionaje doméstico, todo como si fuera una guerra.
Entre las primeras medidas tras el 11-S estuvieron las redadas masivas de musulmanes no ciudadanos dentro del país, con gente golpeada y tratada como si fuera terrorista. Luego el gobierno ordenó el registro de todos los hombres musulmanes de entre 18 y 25 años de edad originarios primero de nueve países y después de 19. La mayoría de los musulmanes no ciudadanos fueron deportados, lo que continúa con los inmigrantes latinos indocumentados.
Después del 11-S el Congreso actuó hombro con hombro con el presidente. La Ley patriota fue aprobada y firmada por Bush 45 días después, el 26 de octubre de 2001. El progreso legislativo sacó provecho de un período de histeria para otorgar poderes incontrolados al ejecutivo pero creó, al hacerlo, graves amenazas para las libertades civiles. Una de ellas, la erosión de la Quinta y Catorce Enmiendas de debido proceso, al permitir detenciones indefinidas de inmigrantes indocumentados.
En los últimos 12 años el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realizó 2 millones de traslados a centros de detención "remotos" a los inmigrantes arrestados que afrontan procesos de deportación, lo cual "aparta de sus derechos" a los detenidos porque se les "dificulta extremadamente" el acceso a sus abogados y pruebas, denunció Human Rights Watch.
La Ley también crea el crimen federal del "terrorismo interior" que amplía la definición y se aplica a ciudadanos de EE.UU. así como a extranjeros. Declara que las violaciones penales de la ley son consideradas actos de terrorismo interior si apuntan a "influencias (la política gubernamental) mediante la intimidación o la coerción, o intimidan o coercen a una población civil." Mediante esta definición, manifestaciones contra la guerra o por la justicia global, el activismo ecologista, la desobediencia civil y el disenso de todo tipo pueden ser llamados "terrorismo interior".
La Ley Patriota sólo fue el comienzo. Después siguió la Ley de Seguridad Interna (HSA) del 25 de noviembre de 2002, una arrolladora ley antiterrorista. Creó el Departamento de Seguridad Interior (DHS) combinando bajo esta nueva autoridad a agencias gubernamentales previamente separadas para prepararse para prevenir y reaccionar ante emergencias interiores y dar al gobierno federal amplios poderes nuevos para proteger a la nación dentro y fuera de sus fronteras.
Es crucial comprender que esta directiva combinada, da al presidente y al Departamento de Seguridad Interna poderes sin precedentes, libres de limitaciones constitucionales.
Bajo el uso de las Directivas Presidenciales de Seguridad Nacional (NSPD-51) el presidente puede declarar una "emergencia nacional" y declarar la ley marcial sin aprobación del Congreso.
Otra manera que tiene el presidente de determinar la política nacional en estos tiempos es a través de las Órdenes Ejecutivas (EOs), que le permiten gobernar el país desde la Casa Blanca y prescindir de diferentes órganos encabezados por funcionarios que cuentan con el aval del Congreso.
George W Bush firmó más de 250 Órdenes Ejecutivas, y agregó docenas de "signing statements" (Interpretaciones de la ley) a cientos de cláusulas legales a pesar de que nada en la Constitución autoriza esta práctica.
La concentración de poder que Bush consiguió a costa del Congreso, los tribunales, los Estados, es la consolidación, cuando no la expansión, de los poderes presidenciales, y la conformación de un legado que quedó a disposición de presidentes futuros; por ejemplo, Obama entra en guerra en Libia sin autorización del Congreso.
¡Sin embargo se negó a emitir una orden ejecutiva para detener "la ruptura sistemática de las familias de inmigrantes" con las deportaciones!
Obama ha continuado casi con todo lo impulsado por Bush, tal vez con la excepción de la tortura extrema.
El 26 de mayo de 2009 Obama extendió tres de las más controvertidas cláusulas de la Ley Patriótica. Las disposiciones permiten a las autoridades realizar escuchas telefónicas y detener a extranjeros sospechosos de ser "terroristas solitarios", además está el denominado "estatuto del apoyo material", que tipifica como delito el suministro de tal "apoyo" a terroristas, definido como bienes, servicios o asesoramiento tangibles o intangibles.
Esta cláusula ha permitido acusar a colaboradores de buena fe de organizaciones caritativas y humanitarias, y ha servido de "inspiración" al estado de Alabama para su ley antimigratoria "más cruel". La ley HB56 criminaliza casi toda actividad de inmigrantes indocumentados, pero también a cualquiera que los asista. Tipifica como delito transportar, emplear, ofrecer o alquilar vivienda o asistir de cualquier manera (incluyendo dar albergue) a un indocumentado.
Obama, a pesar de sus promesas de acabar con las prácticas ilegales, hoy sigue teniendo a unos 170 detenidos en Guantánamo y en otros centros de detención del país.
Han pasado diez años del 11-S y la sangre no deja de correr.
La respuesta de EE.UU. al ataque del 11-S al calificarlo de "acto de guerra" y no criminal cambió el panorama interno y externo, con lo cual el gobierno asumió poderes mucho más extensos de los que tenía para perseguir y detener a gente en el extranjero como también promover el espionaje doméstico, todo como si fuera una guerra.
Entre las primeras medidas tras el 11-S estuvieron las redadas masivas de musulmanes no ciudadanos dentro del país, con gente golpeada y tratada como si fuera terrorista. Luego el gobierno ordenó el registro de todos los hombres musulmanes de entre 18 y 25 años de edad originarios primero de nueve países y después de 19. La mayoría de los musulmanes no ciudadanos fueron deportados, lo que continúa con los inmigrantes latinos indocumentados.
Después del 11-S el Congreso actuó hombro con hombro con el presidente. La Ley patriota fue aprobada y firmada por Bush 45 días después, el 26 de octubre de 2001. El progreso legislativo sacó provecho de un período de histeria para otorgar poderes incontrolados al ejecutivo pero creó, al hacerlo, graves amenazas para las libertades civiles. Una de ellas, la erosión de la Quinta y Catorce Enmiendas de debido proceso, al permitir detenciones indefinidas de inmigrantes indocumentados.
En los últimos 12 años el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realizó 2 millones de traslados a centros de detención "remotos" a los inmigrantes arrestados que afrontan procesos de deportación, lo cual "aparta de sus derechos" a los detenidos porque se les "dificulta extremadamente" el acceso a sus abogados y pruebas, denunció Human Rights Watch.
La Ley también crea el crimen federal del "terrorismo interior" que amplía la definición y se aplica a ciudadanos de EE.UU. así como a extranjeros. Declara que las violaciones penales de la ley son consideradas actos de terrorismo interior si apuntan a "influencias (la política gubernamental) mediante la intimidación o la coerción, o intimidan o coercen a una población civil." Mediante esta definición, manifestaciones contra la guerra o por la justicia global, el activismo ecologista, la desobediencia civil y el disenso de todo tipo pueden ser llamados "terrorismo interior".
La Ley Patriota sólo fue el comienzo. Después siguió la Ley de Seguridad Interna (HSA) del 25 de noviembre de 2002, una arrolladora ley antiterrorista. Creó el Departamento de Seguridad Interior (DHS) combinando bajo esta nueva autoridad a agencias gubernamentales previamente separadas para prepararse para prevenir y reaccionar ante emergencias interiores y dar al gobierno federal amplios poderes nuevos para proteger a la nación dentro y fuera de sus fronteras.
Es crucial comprender que esta directiva combinada, da al presidente y al Departamento de Seguridad Interna poderes sin precedentes, libres de limitaciones constitucionales.
Bajo el uso de las Directivas Presidenciales de Seguridad Nacional (NSPD-51) el presidente puede declarar una "emergencia nacional" y declarar la ley marcial sin aprobación del Congreso.
Otra manera que tiene el presidente de determinar la política nacional en estos tiempos es a través de las Órdenes Ejecutivas (EOs), que le permiten gobernar el país desde la Casa Blanca y prescindir de diferentes órganos encabezados por funcionarios que cuentan con el aval del Congreso.
George W Bush firmó más de 250 Órdenes Ejecutivas, y agregó docenas de "signing statements" (Interpretaciones de la ley) a cientos de cláusulas legales a pesar de que nada en la Constitución autoriza esta práctica.
La concentración de poder que Bush consiguió a costa del Congreso, los tribunales, los Estados, es la consolidación, cuando no la expansión, de los poderes presidenciales, y la conformación de un legado que quedó a disposición de presidentes futuros; por ejemplo, Obama entra en guerra en Libia sin autorización del Congreso.
¡Sin embargo se negó a emitir una orden ejecutiva para detener "la ruptura sistemática de las familias de inmigrantes" con las deportaciones!
Obama ha continuado casi con todo lo impulsado por Bush, tal vez con la excepción de la tortura extrema.
El 26 de mayo de 2009 Obama extendió tres de las más controvertidas cláusulas de la Ley Patriótica. Las disposiciones permiten a las autoridades realizar escuchas telefónicas y detener a extranjeros sospechosos de ser "terroristas solitarios", además está el denominado "estatuto del apoyo material", que tipifica como delito el suministro de tal "apoyo" a terroristas, definido como bienes, servicios o asesoramiento tangibles o intangibles.
Esta cláusula ha permitido acusar a colaboradores de buena fe de organizaciones caritativas y humanitarias, y ha servido de "inspiración" al estado de Alabama para su ley antimigratoria "más cruel". La ley HB56 criminaliza casi toda actividad de inmigrantes indocumentados, pero también a cualquiera que los asista. Tipifica como delito transportar, emplear, ofrecer o alquilar vivienda o asistir de cualquier manera (incluyendo dar albergue) a un indocumentado.
Obama, a pesar de sus promesas de acabar con las prácticas ilegales, hoy sigue teniendo a unos 170 detenidos en Guantánamo y en otros centros de detención del país.
Han pasado diez años del 11-S y la sangre no deja de correr.
(*) Argen Press
Fuente: http://es.sott.net/
Fuente: http://es.sott.net/
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